Las múltiples disfuncionalidades, carencias y debilidades han sido notorias en esta pandemia, con un altísimo costo en vidas humanas y especialmente en el desarrollo socioeconómico del país. Esto nos brinda el espacio necesario para redoblar esfuerzos en la implementación y cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que desde 2015 plantea un marco con objetivos no fáciles de lograr a un horizonte de tiempo reducido.

Igualmente, nos conmina a tener cuidado con la polarización y la politización que existe, siendo un riesgo real que podría generar ingobernabilidad si ganan terreno las ideas obstruccionistas, que no ayudan en la consolidación de nuestra débil democracia. Ante esta situación, y para poder evitarlo, es fundamental que todos los actores compartan y prioricen el diagnóstico de la realidad en la cual estamos inmersos, donde la agenda 2030 que define los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) son los que por su contenido interpelan al conjunto de la humanidad a asumir responsabilidades en cuestiones medioambientales, de gobernanza, sociales y económicas pero que indudablemente requieren de una atención prioritaria.

Si bien los ODS son una hoja de ruta global, establece un marco adaptable a la realidad de nuestro país, proyectando 169 metas con indicadores de medición asociados para un periodo de 15 años hasta el 2030, asimismo es bueno considerar que se trata de un nuevo modelo de gobernanza global por fijación de objetivos, un modelo que sin lugar a dudas define normas homogéneas para todos los actores, determina objetivos y metas finalistas que permiten actuar en base a los mismos puntos de llegada; siendo la principal virtud de este enfoque de que los actores contribuyen según sus capacidades y su percepción de responsabilidad.

Para el mes de septiembre la Agenda 2030 cumplirá 7 años, y los gobiernos deben asumir su responsabilidad que va más allá de los informes de progreso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, pero no cabe duda que el COVID-19 ha repercutido en los avances y retrocesos en el cumplimiento de los ODS.

La trasversalidad de los retos que describe la Agenda 2030, son un gran potencial las conexiones entre objetivos y la colaboración entre los actores llamados a intervenir, por ello, se debe ver la oportunidad de consolidar mecanismos de diálogo y reflexión intersectorial para evaluar y actualizar los diagnósticos económicos sociales y medioambientales con mirada a largo plazo, que permitan sentar bases sólidas para la municipalización de los ODS y promover la generación de Agendas de Desarrollo Compartidas a nivel Regional, Provincial y Distrital.

El contexto actual nos indica que, si queremos avanzar hacia la sostenibilidad, se hace imprescindible reiterar la importancia de escuchar a
todos los actores y agentes, para promover que las futuras estrategias a nivel nacional y regional tengan la visión hacia un modelo económico más sostenible, respetuoso con el planeta y la sociedad en su conjunto.

El Secretario General de Naciones Unidas en el Informe de los Objetivos de Desarrollo sostenible 2020, indica algunos avances como: que había disminuido la proporción de los niños y jóvenes que no asistían a la escuela, la incidencia de muchas enfermedades transmisibles estaba disminuyendo, había mejorado el acceso al agua potable con una gestión segura y, estaba aumentando la representación de la mujer en las funciones directivas: sin embargo, al mismo tiempo, el número de personas que padecían inseguridad alimentaria aumentaba, el medio ambiente seguía deteriorándose a un ritmo alarmante y persistían los drásticos niveles de desigualdad en todas las regiones. Con ello, nos pone en evidencia, que todos los avances conseguidos al 2019, corren el riesgo de profundizar la crisis a nivel mundial, donde los grupos más vulnerables son los que más sufrirán las consecuencias.

Un alto porcentaje de peruanos aún no sabe qué es la Agenda 2030 y ello supone, que la socialización debería ser una de las principales prioridades, tan igual como debería ser una oportunidad para generar políticas públicas en base a políticas integrales e integradas para el desarrollo sostenible de nuestro país. La recuperación tras la pandemia, está en que la ciudadanía entienda que los ODS no son sólo palabras o discurso, sino un paraguas, que incluya la legislación necesaria y políticas públicas para que todos los sectores de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas compartan un solo lenguaje de los ODS para alcanzar un mismo objetivo, donde todos tenemos que ser agentes de cambio y transformación para no cometer los mismos errores del pasado.

Enfrentamos un desafío, salir de esta pandemia más fuertes que cuando hemos entra- do, tanto en salud, educación, ambiente, economía, innovación y tecnología. Ante este desafío el rol del Estado y/o municipio a escala local son fundamentales, dado que son éstos los organismos que por mandato de la ley definen las estrategias, políticas, planes, programas y proyectos; tan igual que disponen de recursos financieros para iniciar y mantener procesos de gobernanza con los actores sociales.

En otras palabras, la Agenda 2030 como oportunidad para la gobernabilidad, debe ser entendida como aquel conjunto de procesos de negociación y mecanismos de concertación y coordinación, que el estado y los actores locales generan acciones para lograr legitimidad, sostenibilidad y perdurabilidad en las decisiones. Es evidente que desde la sociedad civil organizada se pueden desarrollar proyectos que generen valor a la comunidad y sean sostenibles, en todo caso el estado debería apoyar a las comunidades locales a resolver sus conflictos de interés, el uso de sus recursos en común de una forma que sea consistente con los estándares de justicia social.

Los diversos mecanismos de gestión y cooperación diseñados a escala local son los que siempre tienen un mayor grado de legitimidad social, por ende, aumentan la probabilidad de éxito, aunado a ello, también es importante la capacidad de coordinación entre las autoridades a distintas escalas, dado que eventos que exceden lo local ponen en riesgo el uso y la sostenibilidad de los recursos disponibles.

No podemos apostar a la implementación integral y cumplimiento de los ODS, si seguimos siendo testigos de la ausencia de un servicio civil profesional meritocrático, junto al cambio constante de los directivos públicos, no sólo de Gobierno a Gobierno, sino también, en la misma gestión de gobierno, con esto se sigue dificultando, por no decir imposibilitando, la sostenibilidad de políticas y la eficiencia de la gestión pública.

Considero que desde nuestro Colegio de Licenciados Administración nuestra tarea es apoyar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria con una visión global desde la educación y la profesionalización, dado a que somos conscientes de la importancia de los diferentes mecanismos y herramientas que los sistemas utilizan para cumplir con tareas urgentes, como la descentralización, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción teniendo como misión fundamental de estar al servicio de la sociedad.

Necesitamos posicionar una Agenda 2030, que vaya en sintonía con varios de los objetivos el Acuerdo Nacional, especialmente en fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho; equidad y justicia social hacia un estado eficiente, transparente y des- centralizado al servicio de la gente y el absoluto respeto a los valores democráticos, que hoy mas que nunca nuestro país lo necesita.

El desafío para nuestro colegio es también, impulsar un servicio civil meritocrático profesional que incluya a los directivos públicos, puesto que puede ser una de las acciones que más impacto podría tener en el mediano y largo plazo, tan igual que apostar a la inclusión de profesionales altamente calificados en el aparato estatal representará una verdadera oportunidad para el cambio.

Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), concluye que se debe seguir apostando por directivos seleccionados por mérito de estudios, porque con ello, se ha mejorado sustantivamente la gestión interna que los acoge y son menos cuestionados, por tratarse de personas que han ganado un concurso público. El programa de Gerentes Públicos de SERVIR ha empezado a implementar mejoras en nuestro país, sin embargo, tiene que encontrar la manera de superar esta volatilidad de la permanencia de funcionarios altamente calificados y equipos técnicos de primera para recuperar la confianza de la ciudadanía, lo que constituye el mejor blindaje contra los cambios políticos.