“La verdadera gestión no se mide por el lucro, sino por la dignidad que promueve: solo una administración ética puede construir un Perú justo, humano y sostenible.”
El Perú atraviesa una profunda crisis ética que se manifiesta en múltiples dimensiones: corrupción sistemática, ingobernabilidad política, debilitamiento de la democracia, y una creciente desigualdad social. El Licenciado en Administración, como actor clave en la gestión de organizaciones públicas y privadas, tiene la responsabilidad de liderar procesos de transformación que promuevan una nueva forma de gerencia social ética, comprometida con los valores democráticos, la dignidad humana y la atención prioritaria a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, en especial mujeres, niñas y comunidades históricamente excluidas.
El Desarrollo Humano Sostenible, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no solo implica crecimiento económico, sino también la ampliación de capacidades humanas, el respeto por los derechos fundamentales, y la garantía de equidad intergeneracional. Este modelo busca construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles, donde todas las personas, sin excepción, puedan vivir con dignidad. Nuestra propuesta es una nueva gerencia social ética que parta del reconocimiento de que la administración no puede ser neutral ante la injusticia. La neutralidad en contextos de desigualdad y corrupción es una forma de complicidad. Por tanto, se propone una gerencia basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, y la dignificación de todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
Es notorio que la corrupción ha socavado la confianza ciudadana en las instituciones, donde el compromiso ético no es solo una opción, sino una necesidad urgente para construir una sociedad sostenible, ya que muchas instituciones han sido utilizadas para intereses personales o partidarios; y el administrador ético debe marcar la diferencia promoviendo la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y la orientación hacia el bien común, asegurando de que sus decisiones no perpetúen prácticas discriminatorias ni invisibilicen a los grupos marginados. Esto implica aplicar políticas de inclusión laboral, igualdad de oportunidades, equidad salarial, protección frente a la violencia, y participación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones.
La ética debe ocupar un lugar central en la formación universitaria que pasa por una revisión profunda de los planes de estudio, donde la ética deje de ser un curso aislado y se convierta en un eje transversal que atraviese todas las asignaturas; combinado con el fomento de prácticas profesionales que acerquen al estudiante a las realidades del país, debido a que estas experiencias no solo fortalecen habilidades técnicas, sino también la sensibilidad y el compromiso social. Las universidades deben promover una cultura institucional ética, donde se practique lo que se enseña: una administración académica transparente, democrática, respetuosa de los derechos del personal y del estudiantado; con ello se forma al futuro administrador no solo desde la teoría, sino desde el ejemplo y la vivencia.
En síntesis, la ética es la base imprescindible para construir un Perú más justo, democrático y sostenible. Frente a la crisis moral que atraviesa nuestro país, tenemos una oportunidad histórica de convertirnos en ser agentes de cambio, capaces de liderar procesos organizacionales basados en el respeto irrestricto a la dignidad humana, los valores democráticos y la equidad. Esto no solo es posible, sino urgente, colocando al ser humano en el centro de la gestión.
La “sed de ética” que vive el Perú no se saciará con discursos, sino con profesionales comprometidos con transformar la realidad desde la integridad, la justicia y la responsabilidad social, es nuestro desafío por liderar.
Autor: Anónimo